|70.000 secuestradas por el Estado: el ICE desborda la ley y normaliza la detención indefinida
- El segundo mandato de Trump convierte los centros migratorios en un sistema de castigo masivo mientras ignora el límite de seis meses fijado por la Corte Suprema en 2001.
Estados Unidos ha superado una cifra que debería avergonzar a cualquier democracia que se reclame como tal: más de 70.000 personas migrantes están hoy detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). No hablamos de condenas penales. Hablamos de personas encerradas por una falta administrativa. Hablamos de un sistema que ha convertido la detención en herramienta política.
Los datos federales son claros. Hasta mediados de enero de 2026, 7.252 personas llevaban al menos seis meses privadas de libertad, y 79 superaban los dos años de encierro. No son cifras marginales. Son un patrón.
LA DETENCIÓN COMO CASTIGO POLÍTICO
La administración de Donald Trump ha profundizado esta deriva en su segundo mandato. Una nueva política impide a las y los jueces de inmigración liberar a personas detenidas mientras sus casos avanzan en tribunales colapsados. El resultado es un limbo legal prolongado que convierte la espera judicial en condena anticipada.
Este giro no es menor. En 2001, la Corte Suprema de Estados Unidos estableció que el ICE no puede retener a personas indefinidamente y fijó seis meses como límite razonable para la detención en casos de deportación. Esa sentencia pretendía evitar que la administración utilizara la privación de libertad como mecanismo permanente. Hoy, 7.252 personas superan exactamente ese umbral. La cifra habla por sí sola.
El Departamento de Seguridad Nacional guarda silencio. No explica por qué miles de personas permanecen más de medio año encerradas sin condena penal. No responde por qué 79 personas llevan más de dos años detenidas. El silencio institucional es parte del mensaje: el derecho es secundario frente a la política de escarmiento.
Entre las personas afectadas hay quienes han obtenido protección bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura. Es decir, no pueden ser deportadas a su país de origen porque su vida corre peligro. Aun así, permanecen encerradas durante meses. Un hombre mexicano detenido en octubre de 2024 en Florida obtuvo protección en marzo de 2025. Permaneció retenido un año. No es un error administrativo. Es un desprecio estructural por las garantías legales.
CENTROS DE DETENCIÓN: EL DETERIORO COMO ESTRATEGIA
- El sistema no solo encierra. Desgasta. Empuja a la rendición.
Felipe Hernández pasó 45 días en un centro de detención en Florida conocido como “Alligator Alcatraz”. Las denuncias son constantes: gusanos en la comida, inodoros que no funcionan, aguas residuales desbordadas, enjambres de insectos. Después fue trasladado a Fort Bliss, Texas. Allí lleva seis meses detenido sin haber cometido ningún delito.
Su testimonio es devastador: vino buscando ayuda y terminó encarcelado. La desesperación no es colateral. Es funcional.
La abogada Ana Alicia Huerta, de la Colaborativa de California para la Justicia de los Inmigrantes, relata una escena que se repite. En enero, en un centro de detención en McFarland, California, los tres primeros detenidos que conoció ya habían firmado su salida voluntaria del país. Seguían esperando. “No entiendo por qué estoy aquí. Estoy lista para que me deporten”, le dijeron. La detención deja de ser un trámite migratorio para convertirse en castigo psicológico.
Sui Cheng, director ejecutivo de Americans for Immigrant Justice, lo resume con crudeza: las condiciones son tan pobres que la gente prefiere rendirse. El sistema no solo procesa deportaciones. Produce agotamiento. Obliga a elegir entre meses o años de encierro y la renuncia a cualquier intento de regularizar su situación.
En este escenario, hablar de “control fronterizo” es una coartada semántica. Lo que se consolida es una arquitectura de detención masiva que desborda incluso los límites fijados por la propia jurisprudencia estadounidense. La cifra de 70.000 personas encerradas no es un accidente estadístico. Es una decisión política.
Estados Unidos se presenta como referente de libertades mientras mantiene a decenas de miles de personas en una red de centros donde la privación de libertad puede extenderse más de seis meses, más de un año, más de dos años, pese a una sentencia clara de 2001 que lo prohíbe. La legalidad existe. Lo que falta es voluntad de cumplirla.
Cuando un Estado encierra a 70.000 personas sin condena penal y normaliza que 7.252 superen el límite legal de seis meses, no estamos ante una política migratoria dura.
Estamos ante la institucionalización del castigo como método de gobierno.
