De esto se trata el sindicalismo y las organizaciones sociales?
Estos chorizos hacen de las manifestaciones su medio de vida...
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Cinco testigos, un modus operandi y una veintena de imputados, las claves del caso contra organizaciones sociales
El juez Casanello y el fiscal Pollicita llevan adelante desde hace unos seis meses una causa judicial iniciada por el ministerio de Patricia Bullrich, con el foco puesto en el manejo de planes sociales por parte de un grupo de dirigentes sociales.
Las organizaciones sociales son el núcleo de un expediente atravesado por la coyuntura política en el que se investigan supuestas irregularidades en el manejo de dos prestaciones sociales del Estado Nacional: el Plan Potenciar Trabajo y las cajas de alimentos. El caso fue iniciado hace unos seis meses por el Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich y está a cargo del fiscal federal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello.
Se trata de hechos supuestamente ocurridos en comedores de las organizaciones Polo Obrero, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y Barrios de Pie.
¿Quiénes están acusados?
Hay unas 20 personas imputadas en el expediente. El fiscal sostiene que funcionaban en estructuras jerárquicas piramidales dentro de cinco comedores. Son las personas que tendrían facultades otorgadas por el ex Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en el marco del Plan Potenciar Trabajo. Los acusados quedaron inhibidos este miércoles.
Los testimonios y otras pruebas obtenida sostienen que para convertirse en beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo las personas debían asistir a determinada cantidad de “marchas” o “movilizaciones” de las organizaciones sociales.
Una vez que se accedía al programa de ayuda social, los delegados de cada comedor hacían saber al beneficiario que, para continuar cobrando la prestación —que actualmente representa $78.000 por mes—, debía seguir asistiendo a las “marchas” y “movilizaciones” que indicaban los referentes del comedor. En caso de ausentarse, se les daba de baja el plan.
gundo rango de beneficiarios, que cobraban un monto superior —entre $150.000 y $200.000 por mes, según cada caso—. A estos se los denominaba “esenciales”, “cuadrilla” o “nexo”. En un segundo nivel por encima de esa categoría se encontraban los “delegados”, que cobraban más dinero —entre el doble y el cuádruple de la prestación básica— y tenían mayores responsabilidades.
Para recibir las cajas de alimentos del Gobierno nacional, los beneficiarios debían entregar “cápitas”, “cuotas” y “alquiler de comedor”. También denunciaron haber sido obligados a vender por la zona la comida recibida del Estado, quedándose los acusados con la ganancia.
Agüita....
Y esto salió de 45 casos de 13000!
Aquello está podrido a más no poder ...
Y eso que es un diario anti milei
