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CUANDO EL OKUPA ES LA AUTORIDAD
#1
Shocked 

Transcribo la parte náutica de un reportaje del diario El País sobre errores judiciales:

Dos años sin amarre en el puerto de Palma.

Christian Ludwig no ha podido, durante casi dos años, atracar ningún yate en el amarre que posee en el punto 588 del puerto de Mallorca. A la Guardia Civil, con orden del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, se le ocurrió ubicar allí, precintada, una lancha de 10,5 metros de eslora y 2,5 de manga decomisada a una organización criminal. Cuando, en enero de 2015, el dueño quiso utilizar su amarre vio que no podía. Estaba ocupado por otra embarcación desconocida. La Guardia Civil le explicó que era cosa del juzgado y que no se podía tocar. Durante meses, Ludwig se dirigió al juzgado “en innumerables” ocasiones para pedirle que se llevara de allí el barco, que necesitaba el amarre y que además se acercaba la campaña de verano. Entró en un laberinto judicial.

El juzgado se limitó a decirle que se dirigiera a la 17.ª Zona de Guardia Civil de Baleares. Esta le dijo que carecía de medios para realizar ese traslado y que acudiera al juzgado. Pasaron los meses, y hasta dos campañas estivales más, y el barco seguía allí desde 2014, cuando fue requisado. En noviembre de 2015 envió otro escrito de queja al juzgado, pero este volvió a remitirle a la Guardia Civil. Y lo hizo, pero el barco no se movía de allí.
El 7 de marzo de 2016, el juzgado le indicó que, dadas las dimensiones del barco, “no era posible trasladarlo a través de los medios oficiales”. Y le adjuntó un presupuesto de 1.050 euros de la empresa Miron Climent para que esta, que sí disponía de medios, se lo llevase “a un dique seco de zona pública”. El dinero debía abonarlo un tal Riepenhausen, el dueño de la barca okupa.


En 2017, harto de enviar escritos estériles, Ludwig presentó una demanda al Ministerio de Justicia en la que se quejaba de que seguía sin poder utilizar su punto de atraque y pedía 50.054 euros por los perjuicios ocasionados. El Consejo del Poder Judicial le ha dado la razón: no está obligado a soportar en su amarre un barco de otro.

País de locos.

Pirata

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#2

De locos no, de buracratas de mierda, que no van a pagar ni un duro de esa indemnización por sus actos, o mejor  dicho por dejacion de sus actos, ni tendran sancion alguna de su superior.

Al final pagamos todos los españoles. Cagoento


Y para queluego me digan que tenemos un funcionariado de pta madre  banghead 
Como en todos los colectivos hay de todo, pero no es de recibo que estas cosas no tengan consecuencias y eso soo pasa con los funcionarios , esto es como prevaricar, apagar con el dinero de otros.

Lo siento por el colectivo de funcionarios honrados y trabajadores, pero si vosotros mismos no los denunciais, los estáis siendo igualmente participes


Pirata

Hay un mismo amanecer para todos, pero distinta forma de ver el horizonte.  Lighthouse2

http://veleroironia.blogspot.com
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#3

Sin querer decir que todo el monte sea orégano, funcionarios inútiles hay pocos (para eso están las oposiciones y el trabajo diario).

El problema, no lo olvidemos nunca, son las leyes. Muchas hechas con el culo.

Algún ejemplo relacionado: ¿Qué hace un puerto con barcos que no pagan o cuyo propietario se ha desentendido?

- Por un lado las leyes protegen la propiedad del barco: nadie puede moverlo sin permiso.
- Por otro, cuando hicieron las leyes nadie previó qué hacer con el barco que ocupa un amarre que no es suyo:
------------ ¿llevarlo a otro? ¿a cual?
------------ ¿ponerlo en seco? ¿dónde?
------------ ¿hundirlo?
En todo caso ¿Quién paga?
Incluso con una autorización judicial de llevarlo a un solar, habrá que pagar el traslado y la estancia ¿se compromete el juzgado a pagar ellos?
¿O está preparando la DGM un decreto que autoriza a las comandancias a comprar un solar (calificado como "depósito barato de barcos viejos")
y emplearlo para estos usos, olo quiere dar en concesión por muchecientos miles de euros para que quien se ocupe de el cobre un huevo al día?

...y volveríamos a empezar. ¿quién paga?
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#4

(02-01-2020, 05:59 PM)Ironia escribió:  De locos no, de buracratas de mierda, que no van a pagar ni un duro de esa indemnización por sus actos, o mejor  dicho por dejacion de sus actos, ni tendran sancion alguna de su superior.

Al final pagamos todos los españoles. Cagoento


Y para queluego me digan que tenemos un funcionariado de pta madre  banghead 
Como en todos los colectivos hay de todo, pero no es de recibo que estas cosas no tengan consecuencias y eso soo pasa con los funcionarios , esto es como prevaricar, apagar con el dinero de otros.

Lo siento por el colectivo de funcionarios honrados y trabajadores, pero si vosotros mismos no los denunciais, los estáis siendo igualmente participes


Pirata

Es que ese es el problema de fondo: que ante semejante despropósito el autor no paga las consecuencias. 
Eso, por ejemplo, no habría pasado en Corea del Norte porque el chino ese habría ejecutado a medio ministerio de fomento. Por eso allí funciona todo tan bien. No hay corrupción, ni ladrones, ni nada. 
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#5

Buen sitio, Corea del Norte, para la gente que le guata la tranquilidad. Seguro que habrán muchas calas solitarias porque allí no va ni el Tato. Voy a investigar en Noonsite, a ver qué información hay  Cunao
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#6

(29-12-2019, 11:28 AM)biker62 escribió:  Transcribo la parte náutica de un reportaje del diario El País sobre errores judiciales:

Dos años sin amarre en el puerto de Palma.

Christian Ludwig no ha podido, durante casi dos años, atracar ningún yate en el amarre que posee en el punto 588 del puerto de Mallorca. A la Guardia Civil, con orden del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, se le ocurrió ubicar allí, precintada, una lancha de 10,5 metros de eslora y 2,5 de manga decomisada a una organización criminal. Cuando, en enero de 2015, el dueño quiso utilizar su amarre vio que no podía. Estaba ocupado por otra embarcación desconocida. La Guardia Civil le explicó que era cosa del juzgado y que no se podía tocar. Durante meses, Ludwig se dirigió al juzgado “en innumerables” ocasiones para pedirle que se llevara de allí el barco, que necesitaba el amarre y que además se acercaba la campaña de verano. Entró en un laberinto judicial.

El juzgado se limitó a decirle que se dirigiera a la 17.ª Zona de Guardia Civil de Baleares. Esta le dijo que carecía de medios para realizar ese traslado y que acudiera al juzgado. Pasaron los meses, y hasta dos campañas estivales más, y el barco seguía allí desde 2014, cuando fue requisado. En noviembre de 2015 envió otro escrito de queja al juzgado, pero este volvió a remitirle a la Guardia Civil. Y lo hizo, pero el barco no se movía de allí.
El 7 de marzo de 2016, el juzgado le indicó que, dadas las dimensiones del barco, “no era posible trasladarlo a través de los medios oficiales”. Y le adjuntó un presupuesto de 1.050 euros de la empresa Miron Climent para que esta, que sí disponía de medios, se lo llevase “a un dique seco de zona pública”. El dinero debía abonarlo un tal Riepenhausen, el dueño de la barca okupa.


En 2017, harto de enviar escritos estériles, Ludwig presentó una demanda al Ministerio de Justicia en la que se quejaba de que seguía sin poder utilizar su punto de atraque y pedía 50.054 euros por los perjuicios ocasionados. El Consejo del Poder Judicial le ha dado la razón: no está obligado a soportar en su amarre un barco de otro.

País de locos.

Pirata

Me extraña que el Juzgado ordenara atracar esa embarcación en un amarre concreto.

La guarda civil la habrá puesto donde ha querido y después se ha escudado en la inoperancia judicial y en su lubricidad con los cuerpos represivos para meter el cuello bajo tierra y hacerle pasar las de Caín a un ciudadano concreto, esta vez le ha tocado a este

Que ese cuerpo policial sea militar es otro anacronismo de nuestra pretendida "transición" y los primeros que deberían reclamar el cambio deberían ser ellos mismos.

O mal tempo, no seu tempo, non é mal tempo
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